La situación judicial del expresidente Pedro Castillo vuelve al centro del debate político ante una propuesta de ley de amnistía que podría beneficiar al exmandatario, actualmente recluido en el penal Barbadillo.

Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022 después de anunciar la disolución del Congreso y la intervención de instituciones del Estado, medidas que no recibieron respaldo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional.

En diciembre de 2025, la justicia lo condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

Los recursos presentados para obtener su libertad

Desde su detención, el expresidente y personas de su entorno han recurrido a distintas vías judiciales, constitucionales y administrativas.

Según información recogida por El Comercio, entre enero de 2023 y julio de 2026 se presentaron 17 solicitudes de indulto y derecho de gracia a favor de Castillo, directamente o mediante terceros.

Estos pedidos fueron rechazados por las instancias correspondientes.

También se han presentado recursos ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para cuestionar aspectos de su detención y de los procesos que enfrenta.

Propuesta de amnistía genera nuevo debate

La iniciativa legislativa de amnistía ha introducido una dimensión política en la discusión sobre su situación penitenciaria.

El debate comprende tanto las facultades del Congreso para aprobar una norma de esa naturaleza como los límites constitucionales aplicables a una eventual liberación.

Además de la condena por conspiración para la rebelión, Castillo afronta investigaciones por presuntos delitos de corrupción y organización criminal vinculados a hechos ocurridos durante su gobierno.

Cualquier eventual cambio en su situación jurídica deberá considerar las resoluciones vigentes y los procesos pendientes.

Por ahora, la propuesta legislativa no supone que el expresidente haya obtenido su libertad.

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