El mandato comprendió la convocatoria, la elección de delegados y las proclamaciones derivadas del proceso. La resolución examinó documentos sobre siete cargos revocados e identificó a tres convocantes a quienes ordenó abstenerse de continuar las actuaciones.

Una orden judicial emitida el 14 de octubre de 2026 dispuso suspender los efectos de la convocatoria al XXVI Congreso Nacional Ordinario del APRA, previsto para el 16, 17 y 18 de octubre en la Casa del Pueblo de Trujillo. La medida también alcanzó los actos electorales y los reconocimientos de autoridades que tuvieran como base directa el proceso cuestionado.

La decisión corresponde al Sexto Juzgado Civil de Trujillo y consta en la Resolución N.º 2 del expediente 04217-2026-36-1601-JR-CI-06. Fue dictada a solicitud de Hebert Robert López López, quien acudió a la justicia mediante una acción de amparo y solicitó protección cautelar frente a las actuaciones electorales internas.

¿Por qué el juez ordenó la suspensión?

El juzgado examinó las facultades de quienes impulsaban la convocatoria y los documentos partidarios que habían revocado sus cargos.

Entre los antecedentes figura la Resolución N.º 002-2026-SG-CEN-PAP, del 20 de mayo, que comunicó un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional adoptado el 19 de mayo de 2026. Según recoge el expediente, ese acuerdo revocó siete cargos y prohibió a sus anteriores titulares atribuirse la representación partidaria.

La relación comprende a José German Pimentel Aliaga, Carmen Najarro Quispe, Félix Antonio Mauricio Alor, Elías Grijalva Alvarado, Pedro Regalado Panta Jacinto, Dante Carrillo Pachas y Xavier Emmanuel Abad Barzola.

Sin embargo, el documento no atribuye indistintamente a los siete la convocatoria: identifica expresamente a Panta Jacinto, Carrillo Pachas y Abad Barzola como quienes la realizaron.

El cuestionamiento judicial a los convocantes

En el fundamento séptimo, el juez señaló que esos tres integrantes del Tribunal Nacional Electoral habían emitido actuaciones pese a las resoluciones partidarias de revocatoria y nulidad de la convocatoria.

Para conceder la protección cautelar, consideró que sus actuaciones carecían de plena legitimidad y legalidad. Añadió que no se había acreditado en el expediente que la resolución que revocó sus cargos hubiera sido declarada nula o revertida.

La resolución también recoge una decisión partidaria posterior: la N.º 003-2026-SG-CEN-PAP, del 17 de julio, que declaró nula y sin efecto legal la convocatoria por vulneración del estatuto.

Estos elementos dieron sustento al cuestionamiento presentado ante el juzgado. La conclusión se adoptó dentro de una evaluación cautelar, anterior a la sentencia que corresponda sobre el fondo del proceso.

¿Qué actos quedaron comprendidos?

La orden suspendió los efectos de la convocatoria al congreso y de dos instrumentos electorales: la Resolución N.º 036-2026-TNE/PAP y la Directiva N.º 008-2026-TNE/PAP, ambas fechadas el 20 de agosto de 2026 en la parte resolutiva.

También comprendió los cronogramas, elecciones de delegados, proclamaciones, actas de instalación, acuerdos y otras actuaciones que derivaran directamente de esos documentos.

Además, el juzgado ordenó a los tres convocantes abstenerse de ejecutar actos para realizar el proceso electoral y el congreso, o para proclamar y reconocer autoridades sobre esas bases. El mandato incluyó apercibimientos de multa ante un eventual incumplimiento.

¿Qué había señalado la ONPE?

Antes de la medida judicial, la Subgerencia de Asistencia Técnica de la ONPE había examinado las solicitudes de apoyo al proceso.

En el Informe N.º 000498-2026-SGAT-GSFP/ONPE, del 5 de octubre, registró los pedidos de Pedro Panta y Dante Carrillo y la documentación presentada por Belén García y Benigno Chirinos sobre la revocatoria de cargos del Tribunal Nacional Electoral.

El organismo advirtió una representación en litigio. También indicó que, al momento de su revisión, figuraban cuatro dirigentes vigentes del APRA en la página del Registro de Organizaciones Políticas y ninguno integraba el tribunal electoral destinatario de la asistencia solicitada.

Con esos antecedentes, el informe concluyó que no podía brindarse asistencia técnica. Esta conclusión debe distinguirse de una decisión judicial de suspensión o de una resolución registral sobre autoridades partidarias.

El alcance de los documentos

La resolución judicial aporta fundamentos concretos para cuestionar la legitimidad de los convocantes y acredita que se ordenó suspender el proceso antes de las fechas programadas.

Por su parte, el informe de la ONPE documenta las dificultades de representación que impedían prestar asistencia técnica. Ninguno de estos documentos anteriores al evento acredita, por sí solo, quiénes fueron finalmente elegidos o cuál es su situación registral posterior.

Para establecer el alcance del mandato respecto de la elección de Mónica Yaya es necesario incorporar el acta de elección o proclamación y comprobar si hubo decisiones judiciales posteriores que modificaran la medida. La resolución del 14 de octubre tiene carácter provisional y no constituye una sentencia definitiva sobre el conflicto interno.

Documentos consultados: Resolución N.º 2 del Sexto Juzgado Civil de Trujillo, del 14 de octubre de 2026; Informe N.º 000498-2026-SGAT-GSFP/ONPE, del 5 de octubre de 2026. Los antecedentes partidarios se consignan conforme a su reproducción en la resolución judicial.

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