Fiscalía abre investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte por presunto financiamiento ilegal de campaña.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, enfrenta una investigación preliminar por presunto financiamiento prohibido durante la campaña electoral de 2021, tras la apertura de una indagación por parte del equipo especializado en Lavado de Activos del Ministerio Público.
Según la Fiscalía, Boluarte habría recibido S/ 150,000 del empresario Eduvigis Beltrán, monto presuntamente destinado a actividades proselitistas, incluyendo una batucada que acompañó a la candidata en actos públicos entre el 19 y 26 de mayo de 2021. El aporte habría sido acordado en una reunión en el restaurante “El Hornero”, en presencia de Boluarte, Beltrán, Rosario Milagros Sánchez y Marcela Saldarriaga, quien se desempeñaba como asistente de la candidata.

Aunque el empresario niega haber financiado la campaña, también forma parte de la investigación por su posible participación en una operación que podría constituir financiamiento irregular. A diferencia de otras pesquisas, esta carpeta fiscal no requiere autorización del Congreso, ya que los hechos no ocurrieron durante el actual mandato presidencial, permitiendo a la Fiscalía avanzar sin intervención parlamentaria.

El caso se enmarca dentro de una ampliación del expediente iniciado en marzo de 2023, en el que también se investigan al expresidente Pedro Castillo y su exasesor Henry Shimabukuro por presunto lavado de activos y pertenencia a organización criminal. La situación se complica tras las declaraciones de Maritza Sánchez, exasistente de Boluarte, quien señaló que Shimabukuro y otros empresarios habrían colaborado económicamente con la campaña presidencial.

Boluarte ha declarado su respaldo a la investigación y solicitó que quienes aporten información “respondan con la verdad, entreguen pruebas y detallen cómo se recibieron y administraron los supuestos aportes”.

Desde Simple Noticias, destacamos que esta investigación preliminar subraya la importancia de la transparencia en los procesos electorales y la necesidad de contar con mecanismos de control claros para el financiamiento de campañas, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana en la democracia y prevenir posibles irregularidades.

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